Las cuentas del Estado para 2011 - EL PAÍS - Madrid - 07/10/2010
Las claves del sistema de pensiones
El Gobierno se ha propuesto reformar el sistema y negocia con los grupos y agentes sociales sobre cómo llevar a cabo las modificaciones
El Gobierno se ha fijado entre sus retos inmediatos la reforma de las pensiones, la tercera de envergadura en la época democrática de España. El envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema. La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales. Pero no hay consenso sobre la forma en que hay que llevarla a cabo. ¿Cuáles son las posturas de unos y otros? ¿Dónde están los mayores puntos de fricción? ¿Cómo se puede asegurar su viabilidad? Aquí tienes las principales claves de todo ello.
Cómo se calcula la pensión:
Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado.
- Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos. Por tanto, a modo de ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado religiosamente a la Seguridad Social durante 35 o más años.
- Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y ha cobrado la hipotética cifra de 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendrá derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo). Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.
Cuáles son los riesgos que pesan sobre el sistema de pensiones:
En base a las proyecciones del Banco de España, el descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocará que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060. Según Bruselas, si ahora hay cuatro cotizantes por cada jubilado con pensión contributiva, dentro de 50 años esta proporción se reducirá a la mitad. Por este motivo, aunque el mayor número de beneficiarios y el paulatino aumento de la cantidad de las prestaciones no se notará durante los próximos 15 años en el gasto en pensiones en relación al PIB, que actualmente está en el 7,6%, a partir de entonces se acelerará hasta alcanzar el 14% si no se toman medidas. Hay que recordar que a esta partida habría que añadir el coste de las prestaciones no contributivas y los gastos sanitarios o de dependencia asociados a un aumento de la población mayor. En total, una cifra inasumible para cualquier Estado.
Sostenibilidad fiscal: La reforma de las pensiones llega en medio de los esfuerzos del Gobierno para devolver el déficit a los límites de Bruselas. Aunque el repunte de los números rojos del Estado se ha producido por la crisis -medidas de estímulo, gastos por paro y caída de los ingresos- y no tiene mucho que ver con los jubilados, la inviabilidad del sistema de pensiones, aunque sea a largo plazo, amenaza su sostenibilidad. Este riesgo supone un cebo perfecto para que España y su deuda sufran el acoso de los inversores. La explicación es que si se sabe que las pensiones costarán en un futuro al Estado más de lo que ingresa en cotizaciones -lo que le obligará a agotar el fondo de reserva, desviar fondos de otras partidas y vaciará paulatinamente sus arcas-, nadie se aventurará a comprar su deuda. Esta inapetencia frente a los bonos españoles supone echar el cierre a la vía de financiación tradicional del país, lo que a su vez le abocará a la quiebra. De ahí la urgencia y relevancia que le ha dado el Gobierno a la reforma de las pensiones dentro de su campaña por recuperar la confianza de los inversores.
La propuesta del Ejecutivo:
El Gobierno apuesta por garantizar la solvencia del sistema a través del aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aunque la edad real de jubilación apenas supera los 63 por la cultura de la jubilación anticipada, y el periodo de cómputo. Sobre este último aspecto, aunque en una primera propuesta que envió el Ejecutivo a Bruselas hablaba de incrementarlo hasta los 25 años desde los 15 actuales, ha preferido no fijar ninguna cifra concreta para dar margen a la negociación. De hecho, parece que hay consenso entre los partidos en elevarlo al entorno de los 20 años. Otros países ya han tomado medidas similares sobre el cómputo: Francia ha pasado de tomar 10 años a incluir 25 años mientras que Austria lo ha ampliado desde 15 hasta 40 y un número importante de países (Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia) lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral.
En cuanto a elevar la edad de jubilación, la postura del Gobierno es clara. Sin embargo, el resto de partidos se guarda de momento sus cartas. Parece que la opción preferida pasa porque el incremento sea voluntario.
Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre el impacto que tendría esta medida en el gasto de las pensiones sobre el PIB, el consenso recogido por el Banco de España apunta a un recorte de entre 6 y 8 puntos porcentuales de aquí a 2050 o 2060 en función si se deja entre los 25 o los 35 años. Gracias a ello, la partida de gasto se quedaría ligeramente por encima de los niveles actuales y el problema se resolvería en una gran parte. En caso de que el periodo de cómputo se ampliase a toda la vida laboral, no obstante, hay quien alerta de que reduciría la cuantía de las nuevas pensiones entre un 10% o un 30% y supondría un menor impacto a la baja en el gasto total en relación al PIB, de entre un 3% y un 5% dentro de 50 años.
La reacción de los sindicatos:
CC OO se opone a retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, no vería mal ampliar el periodo de cómputo siempre que se pudiera elegir los mejores años de cotización, lo que redundaría en beneficio del pensionista. UGT, por su parte, se opone a las dos cosas. En cualquier caso, los sindicatos defienden que no solo hay que actuar por la vía del gasto a través de recortes, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando se habla de retrasar la edad de jubilación y ampliar el periodo de cómputo. En su opinión, hay que actuar por la vía de los ingresos: aumentar las bases de cotización (lo que equivale a mejores sueldos), integrar en el régimen general a los del seguro agrario y empleadas de hogar, que el Estado asuma algunas partidas como el complemento a mínimos, y, por supuesto, mejorar el mercado laboral para que más trabajadores contribuyan.
Consulta las claves del sistema de pensiones y su reforma.
La reforma de las pensiones divide a los grupos políticos. El Gobierno espera ansioso las conclusiones del Pacto de Toledo, iniciativa parlamentaria que promueve los acuerdos de pensiones, para reformarlas, pero el Congreso se lo va a poner difícil. A menos de tres meses para que venza el plazo que el Ejecutivo se ha dado para aprobar su propuesta, la única idea que casi todos aplauden consiste en ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida que acerca más la cuantía de la pensión a lo realmente aportado, lo que supone rebajar la prestación a la mayor parte de beneficiarios del sistema.
Trabajo cree que la falta de consenso "deterioraría la economía"
El PP asegura que nunca apoyará el paso a 67 años en la edad de jubilación
La idea la verbalizó la diputada socialista Isabel López i Chamosa antes de la reunión que mantuvo con el resto de grupos parlamentarios para empezar a articular una propuesta sobre pensiones. "Ese es uno de los consensos más generales que hay porque se haría muy poco a poco y no se perjudicaría excesivamente a nadie", aseguró. López i Chamosa aludía concretamente al planteamiento del Gobierno de elevar ese periodo, ahora fijado en los 15 últimos años cotizados, hasta 20.
Ninguno de los grupos concreta su apoyo a esta medida, aunque implícitamente la mayoría considera apropiado ir adecuando cada vez más la pensión a lo cotizado, como recomienda el Pacto de Toledo. "Además, contar solo 15 años genera muchos problemas a la gente expulsada del mercado laboral al final de su vida activa", reflexionó Carles Campuzano, de CiU, que abogó por "dar una respuesta" a ese problema. El único diputado que se desmarca claramente de ese planteamiento es Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.
Sin querer dar cifras, la Seguridad Social sostiene que ampliar el cálculo de la pensión a los últimos 20 años cotizados beneficia a los expulsados prematuramente del mercado y no afecta a quienes ya cotizan por el máximo o por el mínimo, pero sí reduce la pensión del resto de trabajadores. El grupo socialista cifra en el 3,6% la rebaja media de la pensión que se produciría si se aplicara esta medida.
A partir de ahí, las discrepancias se acentúan. La congelación de las pensiones decidida por el Gobierno para 2011 ha soliviantado los ánimos del Pacto de Toledo y el acuerdo parece más lejano que nunca. El representante del Partido Popular en ese órgano, Tomás Burgos, pidió ayer la marcha atrás de esa decisión como "condición sine qua non" para pactar cualquier reforma de pensiones. El Ejecutivo ha dado a entender que acometerá su proyecto con o sin respaldo parlamentario, pero también busca neutralizar el mal sabor de boca que ha dejado una reforma laboral impuesta, especialmente a los sindicatos, que tampoco ven con buenos ojos los postulados sobre pensiones.
Así que el Ministerio de Trabajo cree, pero sobre todo espera, que finalmente salga un acuerdo del Pacto de Toledo, informa Luis Doncel. En caso contrario, se incurriría en una "gravísima irresponsabilidad que deterioraría la economía de forma incomprensible". "Sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado", advirtió ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El número dos de Trabajo defendió el Pacto de Toledo como lo mejor que le ha pasado al sistema público de pensiones de España en los últimos 15 años.
Granado defendió la reforma cuanto antes, y que sea lo menos agresiva posible: "Cuanto antes empecemos, más suave será. Debemos intentar repartirla en el mayor número de años, sabiendo que el horizonte de los problemas está en 2030".
El principal escollo reside en la ampliación de la edad legal de jubilación hasta 67 años que pretende el Gobierno. "Nunca vamos a apoyar una medida que tiene como objetivo que los pensionistas pierdan entre un 15% y un 20% en su prestación", sentenció el diputado del PP. Más abierto se mostró Carles Campuzano, de CiU, aunque lo más probable es que el grupo socialista no consiga una mayoría suficiente para sacar adelante este punto en el Pacto de Toledo.
Los portavoces parlamentarios volverán a negociar hoy, con pocas probabilidades de lograr un documento cerrado para principios de noviembre, como preveía el Gobierno.
Los puntos en discusión
- Cuantía de la pensión. Los últimos 15 años de vida laboral determinan la cuantía de la pensión. Lo cotizado en los años anteriores no importa para calcular los ingresos del jubilado. El Ejecutivo quiere ampliar este periodo a 20 años (en un documento enviado a Bruselas habló de 25, aunque finalmente lo retiró). De salir adelante la propuesta, será la tercera vez en 25 años que se amplíe este periodo. En 1985 se elevó de dos años a ocho. Y en 1997 se aumentó hasta 15 de forma gradual, en un proceso gradual que duró hasta 2003.
- Fórmula de cálculo. Para calcular la prestación, se toman los últimos 15 años en dos partes. Por un lado, las bases de cotización de los últimos 24 meses (la máxima es de 3.198 euros al mes) se consideran íntegras. El resto se actualizan con el IPC de ese periodo. La suma de las bases de los 15 años (180 meses) se divide entre 210 (el resultado de sumarle a esos 180 meses otros dos cada año por las pagas extra). Ese cociente integra la base reguladora de la pensión.
- Años cotizados. La paga final varía según los años cotizados. Así, un trabajador con 35 años acreditados percibe el 100% de esa base reguladora. El porcentaje va bajando hasta un 50% si se han cotizado 15 años, el mínimo exigible para acceder al sistema. El Ejecutivo no descarta aumentar el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión. Lo que no parece estar en discusión es el número mínimo de años para cobrar la prestación contributiva.
- Edad de retiro. El punto más polémico sobre la mesa del Pacto de Toledo es el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
El ministro de Trabajo no ha descartado negociar este punto a cambio de aumentar el número de años para acceder al 100% de la pensión.
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