segunda-feira, 20 de dezembro de 2010

A crise do capital: a banca internacional quer mais (im)Previdência Privada

LA SALIDA DE LA CRISIS
La OCDE pide retrasar la edad de jubilación en España más allá de los 67 años
MIGUEL JIMÉNEZ – El país 20/12/2010  - http://www.elpais.com
El organismo pide también que hagan falta más de 35 años de trabajo para cobrar toda la pensión y que el cómputo se extienda a toda la vida laboral. -Reclama una reforma laboral más contundente y propone subidas del IVA y los impuestos especiales
Trabajo defiende que quienes hayan cotizado más de 35 años se siga jubilando a los 65 | Lee el informe de la OCDE | Consulta las claves del sistema de pensiones y su reforma
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aplaude la propuesta del Gobierno para retrasar la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años. Pero aunque eso es una "alta prioridad", cree que no basta y que hay que ir más allá. Ensu informe anual sobre España, publicado hoy, propone que se vaya alargando la edad un poco cada año hasta alcanzar los 67 en 2025, pero al llegar ahí, la idea de la OCDE es que la edad de jubilación se extienda automáticamente en función de la esperanza de vida. Así, por ejemplo, si la esperanza de vida aumentara tres años hasta 2050, ese año la edad de jubilación sería de 70 años.
Esa es solo una de las propuestas que la OCDE realiza y que, en su conjunto significarían, de ser aplicadas, una reforma mucho más radical del sistema de pensiones que la que prepara el Gobierno o que la que se derivaría de las conclusiones de la comisión del Pacto de Toledo. Además el organismo incluye en su informe sobre España propuestas para llevar adelante una reforma laboral más contundente, con un contrato único y más facilidades para despedir. Asimismo, la OCDE propone una reforma fiscal en la que podría subirse el IVA y los impuestos especiales y, en cambio, bajar los impuestos a los beneficios de las empresas y las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social.
Así, mientras que los partidos han propuesto alargar el periodo de cómputo de la pensión (que ahora se calcula en función de las cotizaciones de los últimos 15 años) y el Gobierno estudia ampliar ese plazo a 20 o 25 años, la OCDE propone que el cómputo de la pensión se realice en función de toda la vida laboral. Pero además de eso, el organismo que dirige Ángel Gurría, propone que se amplíe el plazo de cotización necesario para obtener la pensión completa de modo que no sea de "solo 35 años" como ahora, dice el informe.
La OCDE también recomienda otras duras medidas para retrasar la edad de jubilación efectiva, más allá del retraso en la edad legal de jubilación y de prejubilación. Sus analistas sostienen que hay personas próximas a la jubilación que no vuelven a trabajar porque tienen un subsidio que les permite tener una renta hasta el momento en que empiezan a percibir la pensión. La propuesta de la OCDE para que los trabajadores mayores permanezcan activos es reducir la duración e ir eliminando progresivamente esas prestaciones en forma de subsidio que se pagan a los parados de mayor edad una vez han agotado la prestación contributiva.
Otras recetas para alargar el periodo de actividad son aumentar las primas para quienes siguen trabajando más allá de la edad legal de jubilación y eliminar la figura de la jubilación parcial. Con el fin de reducir el gasto en pensiones, la OCDE también propone endurecer el régimen de las pensiones de viudedad y de otros supervivientes.
La última receta del organismo es ir suprimiendo los regímenes excepcionales (autónomos, pesca, agricultura, minería) e ir integrándolos en el general. Además, la OCDE se opone a que los funcionarios tengan menor o incluso ninguna penalización por jubilarse a los 60 años bajo ciertos supuestos en carreras de larga duración, como ocurre ahora. De algún modo, el Gobierno ya ha eliminado esa posibilidad para los nuevos funcionarios al eliminar el régimen de clases pasivas.
La tesis de la OCDE es que hay que "reducir la generosidad de las prestaciones en relación con las contribuciones", pues calcula que España es uno de los países donde las nuevas pensiones son más altas en relación a lo que se ha cotizado.
UNA REFORMA LABORAL MÁS CONTUNDENTE
El organismo que tradicionalmente ha agrupado a las economías industrializadas aplaude también la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno. Sin embargo, cree que se queda corta y que deberían ser más evidentes las facilidades para un despido más barato por causas económicas. "Si la reforma laboral de 2010 no hace significativamente más fácil para las empresas lograr que los despidos se acepten como procedentes [lo que conlleva una indemnización más baja], podrían necesitarse progresos adicionales para disminuir la carga de las empresas para probar que los despidos son procedentes", dicen sus recomendaciones. A la OCDE le preocupa la interpretación que los jueces vayan a dar a las nuevas normas.
Pero no sólo eso: "Sería deseable reducir incluso más los costes de despido de los nuevos contratos fijos", dice el informe. La OCDE se apunta al contrato único, en el que convergen los empleos temporales e indefinidos con una indemnización por despido muy baja al principio que va creciendo con la antigüedad".
La OCDE se opone además a que se endurezca la regulación de los contratos temporales demasiado pronto, pues eso podría frenar la creación de empleo en la recuperación. El organismo cree que la tasa de paro puede empezar a bajar significativamente en 2011.
ELIMINAR LA PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS
Otra de las medidas "deseables" en opinión de la OCDE sería eliminar la ultraactividad de los convenios, es decir, que los convenios mantengan los derechos reconocidos en ellos una vez pase su periodo de vigencia teórica. El organismo admite que eso podría chocar con la Constitución, pero insiste en todo caso en dar pasos para flexibilizar la negociación colectiva y generalizar las claúsulas de descuelgue de los convenios sectoriales o territoriales.
Además, el organismo está también en contra de las cláusulas de salvaguarda o garantía salarial que permiten mantener el poder adquisitivo en caso de que la inflación acabe superando la subida salarial pactada en convenio.
Otra de sus propuestas en materia laboral pasa por endurecer el régimen de prestaciones por desempleo, con mayores exigencias de búsqueda de empleo. Además, plantea que se estudie un acortamiento de los plazos de prestación.
Valeriano Gomes - Min del Trabajo de España
TRABAJO DEFIENDE QUE QUIEN COTICE MÁS DE 36 AÑOS SE SIGA JUBILANDO A LOS 65
El Ministro Gómez insiste en que el retiro se retrasará a los 67 y no descarta ampliar el periodo de cómputo de la pensión primero a 20 años y después a 25 años
EL PAÍS | EFE - Madrid - 20/12/2010
Las claves del sistema actual de pensiones y su reforma | La OCDE propone retrasar la jubilación más allá de los 67 años
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha dado hoy algunas nuevas pistas sobre por dónde va ir la reforma de las pensiones que debe sacar adelante el Gobierno de aquí a finales de enero una vez que ya ha recibido la propuesta del Pacto de Toledo, acordada entre los partidos. Así, Gómez ha insistido en que pese al desacuerdo entre los grupos se va a retrasar la edad de jubilación a los 67 años pero ha admitido que se establecerán expceciones. Entre ellas, ha señalado que su postura es que aquellas personas con un historial suficientemente largo de cotización de 36 ó 37 años se sigan retirando a los 65 años. Por otra parte, ha reiterado que la voluntad del Gobierno es ampliar el periodo de cómputo de las pensiones a 20 años desde los 15 actuales, pero no ha descartado que en una segunda fase se eleve hasta los 25.
AUDIO - Cadena Ser - 20-12-2010
Carles Francino ha hablado esta mañana con el ministro de trabajo -
Valeriano Gómez
En una entrevista a a la Cadena Ser, Gómez ha insistido en ampliar la edad real de jubilación a los 67 años, "porque también es una forma de alargar la edad real", fin último de la reforma. Gómez ha asegurado que
la idea general es que aquellas personas que tienen un historial de cotización largo, de 36 hasta 40 años, puedan seguir jubilándose a los 65 años, mientras que los que trabajan en oficios penosos podrían jubilarse incluso antes.
Asimismo, quienes no tengan oficios penosos ni historiales largos de cotización, podrán también jubilarse a los 65, pero en estos casos aplicándoles reducciones en su pensión, igual que sucede ahora con quienes se retiran del mercado laboral antes de los 65.
Asimismo, ha admitido que no le gustan iniciativas como la de Caja Madrid de hacer prejubilaciones a los 55 años, si bien ha reconocido que la legislación lo permite. Gómez ha abogado por que en estos casos "la empresa no descargue los costes en el sistema de protección social". "No basta con descargar costes sobre la Seguridad Social, deben aportar los ingresos correspondientes para compensar el sobrecoste del sistema. Esa debería ser la línea de futuro", ha precisado.
Sobre la posibilidad de un acuerdo con el resto de grupos y los sindicatos, el ministro de Trabajo ha indicado que no es bueno renunciar a estas alturas a un grado de acuerdo suficiente con los interlocutores sociales o a un buen grado de consenso parlamentario, "porque no es el momento de tirar la toalla".
Así, durante una posterior comparecencia en el Senado, Gómez ha adelantado que el Gobierno va a realizar el "máximo esfuerzo" para hacer compatible la propuesta de elevar la jubilación con las posiciones de los grupos del Pacto de Toledo, pese a que ha admitido que en este aspecto existe una "importante discrepancia" ya que los partidos no se pusieron de acuerdo sobre ello. Eso sí, se ha advertido de que estas negociaciones no pueden "interrumpir" el "calendario de reformas".

sábado, 4 de dezembro de 2010

El Gobierno español aprobará la reforma de las pensiones en enero

El mundo - Actualizado viernes 03/12/2010 15:14
Madrid.- El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará la reforma del sistema de pensiones el próximo 28 de enero para que pueda ser votada "inmediatamente" por el Parlamento.
Estaba previsto que se aprobase la reforma a lo largo del primer trimestre del año que viene. Sin embargo, Rubalcaba ya ha puesto fecha a la reforma en un momento que los mercados presionan a España para que haga viable a largo plazo su sistema de pensiones.
Esta semana, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, dijo que el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero no actúa al dictado de los mercados "ni de nadie" en el ámbito de las pensiones.
El ministro subrayó en un foro celebrado en Bilbao que el Ejecutivo "actúa desde la convicción de que necesitamos garantizar, a plazo, un futuro para nuestro sistema". Un futuro, recalcó, que se basa en un presente que "ya es lo suficientemente sólido", puesto que España tiene "uno de los mejores sistemas de pensiones de Europa".
Además, en su primera intervención en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, Valeriano Gómez señaló que la reforma se tiene que centrar en alargar la vida laboral, aumentar el cómputo para el cálculo de la prestación y reducir las prejubilaciones.
Gómez advirtió de que "no hay salida" a retrasar la edad de jubilación y que el Gobierno mantiene su propuesta de elevarla en dos años, de 65 a 67.

sexta-feira, 19 de novembro de 2010

EL SISTEMA DE PENSIONES Y SU REFORMA EN ESPAÑA

Las cuentas del Estado para 2011 - EL PAÍS - Madrid - 07/10/2010
Las claves del sistema de pensiones
El Gobierno se ha propuesto reformar el sistema y negocia con los grupos y agentes sociales sobre cómo llevar a cabo las modificaciones
 El Gobierno se ha fijado entre sus retos inmediatos la reforma de las pensiones, la tercera de envergadura en la época democrática de España. El envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema. La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales. Pero no hay consenso sobre la forma en que hay que llevarla a cabo. ¿Cuáles son las posturas de unos y otros? ¿Dónde están los mayores puntos de fricción? ¿Cómo se puede asegurar su viabilidad? Aquí tienes las principales claves de todo ello.

Cómo se calcula la pensión:
Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado.
- Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos. Por tanto, a modo de ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado religiosamente a la Seguridad Social durante 35 o más años.
- Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y ha cobrado la hipotética cifra de 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendrá derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo). Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.

Cuáles son los riesgos que pesan sobre el sistema de pensiones:
En base a las proyecciones del Banco de España, el descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocará que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060. Según Bruselas, si ahora hay cuatro cotizantes por cada jubilado con pensión contributiva, dentro de 50 años esta proporción se reducirá a la mitad. Por este motivo, aunque el mayor número de beneficiarios y el paulatino aumento de la cantidad de las prestaciones no se notará durante los próximos 15 años en el gasto en pensiones en relación al PIB, que actualmente está en el 7,6%, a partir de entonces se acelerará hasta alcanzar el 14% si no se toman medidas. Hay que recordar que a esta partida habría que añadir el coste de las prestaciones no contributivas y los gastos sanitarios o de dependencia asociados a un aumento de la población mayor. En total, una cifra inasumible para cualquier Estado.
Sostenibilidad fiscal: La reforma de las pensiones llega en medio de los esfuerzos del Gobierno para devolver el déficit a los límites de Bruselas. Aunque el repunte de los números rojos del Estado se ha producido por la crisis -medidas de estímulo, gastos por paro y caída de los ingresos- y no tiene mucho que ver con los jubilados, la inviabilidad del sistema de pensiones, aunque sea a largo plazo, amenaza su sostenibilidad. Este riesgo supone un cebo perfecto para que España y su deuda sufran el acoso de los inversores. La explicación es que si se sabe que las pensiones costarán en un futuro al Estado más de lo que ingresa en cotizaciones -lo que le obligará a agotar el fondo de reserva, desviar fondos de otras partidas y vaciará paulatinamente sus arcas-, nadie se aventurará a comprar su deuda. Esta inapetencia frente a los bonos españoles supone echar el cierre a la vía de financiación tradicional del país, lo que a su vez le abocará a la quiebra. De ahí la urgencia y relevancia que le ha dado el Gobierno a la reforma de las pensiones dentro de su campaña por recuperar la confianza de los inversores.

La propuesta del Ejecutivo:
El Gobierno apuesta por garantizar la solvencia del sistema a través del aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aunque la edad real de jubilación apenas supera los 63 por la cultura de la jubilación anticipada, y el periodo de cómputo. Sobre este último aspecto, aunque en una primera propuesta que envió el Ejecutivo a Bruselas hablaba de incrementarlo hasta los 25 años desde los 15 actuales, ha preferido no fijar ninguna cifra concreta para dar margen a la negociación. De hecho, parece que hay consenso entre los partidos en elevarlo al entorno de los 20 años. Otros países ya han tomado medidas similares sobre el cómputo: Francia ha pasado de tomar 10 años a incluir 25 años mientras que Austria lo ha ampliado desde 15 hasta 40 y un número importante de países (Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia) lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral.
En cuanto a elevar la edad de jubilación, la postura del Gobierno es clara. Sin embargo, el resto de partidos se guarda de momento sus cartas. Parece que la opción preferida pasa porque el incremento sea voluntario.
Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre el impacto que tendría esta medida en el gasto de las pensiones sobre el PIB, el consenso recogido por el Banco de España apunta a un recorte de entre 6 y 8 puntos porcentuales de aquí a 2050 o 2060 en función si se deja entre los 25 o los 35 años. Gracias a ello, la partida de gasto se quedaría ligeramente por encima de los niveles actuales y el problema se resolvería en una gran parte. En caso de que el periodo de cómputo se ampliase a toda la vida laboral, no obstante, hay quien alerta de que reduciría la cuantía de las nuevas pensiones entre un 10% o un 30% y supondría un menor impacto a la baja en el gasto total en relación al PIB, de entre un 3% y un 5% dentro de 50 años.

La reacción de los sindicatos:
CC OO se opone a retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, no vería mal ampliar el periodo de cómputo siempre que se pudiera elegir los mejores años de cotización, lo que redundaría en beneficio del pensionista. UGT, por su parte, se opone a las dos cosas. En cualquier caso, los sindicatos defienden que no solo hay que actuar por la vía del gasto a través de recortes, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando se habla de retrasar la edad de jubilación y ampliar el periodo de cómputo. En su opinión, hay que actuar por la vía de los ingresos: aumentar las bases de cotización (lo que equivale a mejores sueldos), integrar en el régimen general a los del seguro agrario y empleadas de hogar, que el Estado asuma algunas partidas como el complemento a mínimos, y, por supuesto, mejorar el mercado laboral para que más trabajadores contribuyan.

Consulta las claves del sistema de pensiones y su reforma.
La reforma de las pensiones divide a los grupos políticos. El Gobierno espera ansioso las conclusiones del Pacto de Toledo, iniciativa parlamentaria que promueve los acuerdos de pensiones, para reformarlas, pero el Congreso se lo va a poner difícil. A menos de tres meses para que venza el plazo que el Ejecutivo se ha dado para aprobar su propuesta, la única idea que casi todos aplauden consiste en ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida que acerca más la cuantía de la pensión a lo realmente aportado, lo que supone rebajar la prestación a la mayor parte de beneficiarios del sistema.


Trabajo cree que la falta de consenso "deterioraría la economía"
El PP asegura que nunca apoyará el paso a 67 años en la edad de jubilación
La idea la verbalizó la diputada socialista Isabel López i Chamosa antes de la reunión que mantuvo con el resto de grupos parlamentarios para empezar a articular una propuesta sobre pensiones. "Ese es uno de los consensos más generales que hay porque se haría muy poco a poco y no se perjudicaría excesivamente a nadie", aseguró. López i Chamosa aludía concretamente al planteamiento del Gobierno de elevar ese periodo, ahora fijado en los 15 últimos años cotizados, hasta 20.
Ninguno de los grupos concreta su apoyo a esta medida, aunque implícitamente la mayoría considera apropiado ir adecuando cada vez más la pensión a lo cotizado, como recomienda el Pacto de Toledo. "Además, contar solo 15 años genera muchos problemas a la gente expulsada del mercado laboral al final de su vida activa", reflexionó Carles Campuzano, de CiU, que abogó por "dar una respuesta" a ese problema. El único diputado que se desmarca claramente de ese planteamiento es Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.
Sin querer dar cifras, la Seguridad Social sostiene que ampliar el cálculo de la pensión a los últimos 20 años cotizados beneficia a los expulsados prematuramente del mercado y no afecta a quienes ya cotizan por el máximo o por el mínimo, pero sí reduce la pensión del resto de trabajadores. El grupo socialista cifra en el 3,6% la rebaja media de la pensión que se produciría si se aplicara esta medida.
A partir de ahí, las discrepancias se acentúan. La congelación de las pensiones decidida por el Gobierno para 2011 ha soliviantado los ánimos del Pacto de Toledo y el acuerdo parece más lejano que nunca. El representante del Partido Popular en ese órgano, Tomás Burgos, pidió ayer la marcha atrás de esa decisión como "condición sine qua non" para pactar cualquier reforma de pensiones. El Ejecutivo ha dado a entender que acometerá su proyecto con o sin respaldo parlamentario, pero también busca neutralizar el mal sabor de boca que ha dejado una reforma laboral impuesta, especialmente a los sindicatos, que tampoco ven con buenos ojos los postulados sobre pensiones.
Así que el Ministerio de Trabajo cree, pero sobre todo espera, que finalmente salga un acuerdo del Pacto de Toledo, informa Luis Doncel. En caso contrario, se incurriría en una "gravísima irresponsabilidad que deterioraría la economía de forma incomprensible". "Sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado", advirtió ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El número dos de Trabajo defendió el Pacto de Toledo como lo mejor que le ha pasado al sistema público de pensiones de España en los últimos 15 años.
Granado defendió la reforma cuanto antes, y que sea lo menos agresiva posible: "Cuanto antes empecemos, más suave será. Debemos intentar repartirla en el mayor número de años, sabiendo que el horizonte de los problemas está en 2030".
El principal escollo reside en la ampliación de la edad legal de jubilación hasta 67 años que pretende el Gobierno. "Nunca vamos a apoyar una medida que tiene como objetivo que los pensionistas pierdan entre un 15% y un 20% en su prestación", sentenció el diputado del PP. Más abierto se mostró Carles Campuzano, de CiU, aunque lo más probable es que el grupo socialista no consiga una mayoría suficiente para sacar adelante este punto en el Pacto de Toledo.
Los portavoces parlamentarios volverán a negociar hoy, con pocas probabilidades de lograr un documento cerrado para principios de noviembre, como preveía el Gobierno.

Los puntos en discusión
- Cuantía de la pensión. Los últimos 15 años de vida laboral determinan la cuantía de la pensión. Lo cotizado en los años anteriores no importa para calcular los ingresos del jubilado. El Ejecutivo quiere ampliar este periodo a 20 años (en un documento enviado a Bruselas habló de 25, aunque finalmente lo retiró). De salir adelante la propuesta, será la tercera vez en 25 años que se amplíe este periodo. En 1985 se elevó de dos años a ocho. Y en 1997 se aumentó hasta 15 de forma gradual, en un proceso gradual que duró hasta 2003.

- Fórmula de cálculo. Para calcular la prestación, se toman los últimos 15 años en dos partes. Por un lado, las bases de cotización de los últimos 24 meses (la máxima es de 3.198 euros al mes) se consideran íntegras. El resto se actualizan con el IPC de ese periodo. La suma de las bases de los 15 años (180 meses) se divide entre 210 (el resultado de sumarle a esos 180 meses otros dos cada año por las pagas extra). Ese cociente integra la base reguladora de la pensión.
- Años cotizados. La paga final varía según los años cotizados. Así, un trabajador con 35 años acreditados percibe el 100% de esa base reguladora. El porcentaje va bajando hasta un 50% si se han cotizado 15 años, el mínimo exigible para acceder al sistema. El Ejecutivo no descarta aumentar el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión. Lo que no parece estar en discusión es el número mínimo de años para cobrar la prestación contributiva.
- Edad de retiro. El punto más polémico sobre la mesa del Pacto de Toledo es el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
El ministro de Trabajo no ha descartado negociar este punto a cambio de aumentar el número de años para acceder al 100% de la pensión.

quinta-feira, 18 de novembro de 2010

NOVA NR-12 SERÁ PUBLICADA

Data: 16/11/2010 / Fonte: Revista Proteção 
A publicação da nova NR 12 - Proteção em Máquinas e Equipamentos foi aprovada pela CTPP (Comissão Tripartite Paritá ria Permanente). Também será criada a CNTT NR 12 (Comissão Nacional Tripartite Temática), que aguarda a indicação de cinco membros por bancada. "O ponto forte da norma é trazer informações básicas de conceitos já consagrados em segurança de máquinas, estendendo esta visão desde o projeto até o sucateamento", avalia a auditora da SRTE/RS Aida Becker, que coordenou o trabalho do GTT da NR 12.
O objetivo, segundo a auditora, é ter em médio prazo uma nova geração de máquinas intrinsecamente seguras, com informações completas para transporte, utilização, manutenção e descarte. Ao mesmo tempo, a norma traz medidas para adequação das máquinas já instaladas, além de apontar a necessidade de informação e capacitação dos trabalhadores.
O processo de construção da nova NR 12 reuniu materiais oriundos de Convenção Coletiva e Notas Técnicas. Também houve inovações como o anexo sobre máquinas para calçado. 
Desdobramentos
Outra novidade para a área é a elaboração de uma cartilha sobre Segurança no Trabalho com Máquinas para Calçados. São apresentados mais de 40 tipos de má quinas e os requisitos mínimos de segurança. O trabalho é fruto de uma cooperação técnica  entre a SRTE/RS e a Abrameq (Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins). 
A SRTE/RS também tem um convênio com a Abimaq/RS (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), que vai gerar um manual sobre o a nexo IV da NR 12 - Prensas e similares. "Este trabalho, que iniciou com o foco no estudo de soluções de segurança para dobradeiras, estendeu seu escopo para as demais máquinas do anexo IV. Ambos os instrumentos terão abrangência nacional servindo de guia de boas práticas para to dos que atuam em SST", explica Aida.
Já em São Paulo foi assinada no final de setembro a nova Convenção Coletiva de Proteção ao Trabalho com Prensas e Similares e Injetoras de Plástico da Indústria Metalúrgica, que tem dois anos de duração. Devido à nova NR 12, ficou pactuado que após um ano de convenção, ela será revisada e alinhada à norma. 
A CPN-IM (Comissão de Negociação Permanente da Indústria Metalúrgica) do estado pau lista já passa a vislumbrar novos desafios em relação às condições de trabalho, com o avanço da proteção de máquinas. Pretende-se discutir questões como a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a reabilitação do acidentado e outros assuntos que interferem na qualidade de vida e do trabalho.
"Para nós que integramos a CPN-IM e que há mais de uma década discutimos a Convenção de Prensas, o equilíbrio das relações capital e trabalho e a participação ativa da SRTE/SP resultaram em ações positivas. Um dos objetivos iniciais da Comissão era o de ampliar nacionalmente as discussões sobre a adequação das prensas, por meio de uma legislação específica ou um anexo da NR 12, e este objetivo maior está sendo cumprido", avalia o técnico de segurança do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Adonai Ribeiro.

sexta-feira, 12 de novembro de 2010

REINO UNIDO ENDURECE EL SISTEMA DE AYUDAS PARA LOS DESEMPLEADOS

Deu no El País - WALTER OPPENHEIMER - Londres - 12/11/2010
 El parado que rechace tres ofertas de empleo dejará de percibir el subsidio - La persona que encuentre un trabajo seguirá cobrando una parte del paro.
 La coalición de conservadores y liberales-demócratas que encabeza el primer ministro David Cameron ha abrazado la vieja técnica del palo y la zanahoria para lanzar una reforma social que tiene vocación de pasar a la historia y quiere poner a trabajar a los británicos que llevan años viviendo de las ayudas del Estado. El palo es la amenaza de privar del seguro de desempleo a aquellos parados que rechacen tres ofertas de trabajo. La zanahoria es que se conservará una parte del subsidio al reincorporarse al mercado de trabajo para garantizar que se gana más dinero trabajando que cobrando el desempleo. Como dijo ayer el primer ministro, David Cameron, desde Seúl donde asiste al G-20, "el mensaje es claro: si puedes trabajar, vivir de las prestaciones no será ya una opción".

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DE LA UE

Cinco millones de británicos viven de las prestaciones sociales 1,4 millones de personas han estado en paro en nueve de los últimos 10 años
Ideada por Iain Duncan-Smith, un oscuro político que lideró de forma efímera el Partido Conservador entre 2001 y 2003, pero ha vuelto a nacer políticamente de la mano de su inquietud social, la reforma aspira a sintetizar en un solo "crédito universal" la actual treintena de distintos tipos de ayudas sociales.
El objetivo de la reforma no es tanto ahorrar dinero -aunque esa sí es una de sus señas de identidad a largo plazo, de entrada aumentará el gasto social en 2.000 millones de libras (2.350 millones de euros)-, sino acabar con la extendida tendencia de muchos británicos a vivir sin trabajar. El peligro de ese planteamiento, que tiene de hecho un apoyo enorme entre los contribuyentes, es que acaben pagando justos por pecadores y se prive de ayudas sociales a quienes genuinamente las necesitan.
En síntesis, la reforma contempla la introducción a partir de 2013 de una única ayuda universal que agrupará, entre otros, los actuales subsidios de desempleo, las ayudas a la vivienda o los subsidios a las familias con hijos. Aunque se trata de una ayuda universal, el montante dependerá del nivel de ingresos del beneficiario y otras circunstancias familiares. El objetivo es que tenga una estructura simple y que al mismo tiempo sirva para proporcionar ingresos básicos a la gente que no trabaja, conseguir que sea más rentable trabajar que vivir de los subsidios y ayudar a la población a salir de la pobreza.
La izquierda ha reaccionado con cierta cautela ante la propuesta. Quizás porque ha calado profundamente entre los contribuyentes británicos la impresión de que hay demasiada gente que vive sin trabajar. Quizás, también, porque la propuesta no parece un misil lanzado contra los más humildes por un conservador ultraliberal, sino que es el fruto de muchos años de reflexión personal de Iain Duncan Smith. Conocido políticamente en Reino Unido por sus iniciales IDS, es un político profundamente católico que cuando fue descabalgado del liderazgo conservador en octubre de 2003 concentró su vida política en reflexionar sobre cómo acabar con el problema de la pobreza.
Su reflexión llegó a una conclusión: hay que incentivar el regreso de los parados a la vida laboral. En un país de mucho empleo, pero bajos salarios en las escalas inferiores de la vida laboral, la solución ideada por Duncan Smith ha sido la de mantener una parte de esos subsidios durante un tiempo: el subsidio se irá recortando de manera paulatina un 65%.
Al mismo tiempo, IDS cree que la unificación de una treintena de subsidios en uno solo permitirá a largo plazo ahorrar 5.200 millones de libras (6.150 millones de euros) que ahora se pierden por fraude o por errores administrativos. Pero para que el sistema funcione, Duncan Smith cree que tiene que haber elementos de coerción: los parados que rechacen una oferta de trabajo o una petición para que realicen trabajo comunitario no remunerado verán suspendido el subsidio por tres meses, si lo rechazan por segunda vez la suspensión será por seis meses y a la tercera vez la sanción será por tres años.
La obligación de tener que aceptar trabajo comunitario no remunerado es uno de los aspectos más controvertidos del plan, porque mucha gente cree que puede darse el caso de gente que ha sido despedida de un Ayuntamiento por falta de presupuesto y puede acabar viéndose obligada a ejercer el mismo trabajo gratis si quiere mantener el seguro de paro.
Según el Departamento de Trabajo y Pensiones, en Reino Unido hay cinco millones de personas que viven de los subsidios. De ellos, 1,4 millones no han trabajado en nueve de los últimos 10 años. Hay 1,9 millones de niños que viven en familias en las que nadie trabaja. Hay 900.000 personas que llevan al menos 10 años cobrando las ayudas por larga enfermedad, con un coste para los contribuyentes de 160.000 millones de euros desde 2000.
Algunos críticos han señalado que la economía británica no es capaz de ofrecer empleo a todos los parados que hay en la actualidad y que están en condiciones de trabajar. Duncan Smith respondió a eso con el argumento de que ahora mismo hay 450.000 ofertas de empleo sin cubrir, "a pesar de que acabamos de salir de la crisis" y el dato de que el 70% de los empleos creados en los últimos años se han tenido que cubrir con mano de obra extranjera. La tasa de paro en el Reino Unido es del 7,7%.
Otros críticos advierten de que no es la primera vez que se intenta poner en marcha una reforma semejante. Según un articulo de Alex Barker en Financial Times, la primera ley para suprimir el subsidio a los parados que no aceptan una oferta de trabajo se remonta a 1913; muchas de las sanciones ya existen: Duncan Smith lo que hace es endurecerlas; el principal problema es que no se aplican; la misma retórica fue utilizada por los laboristas en 1999; y la clave está en el poco tiempo que se dedica a los parados en las oficinas de desempleo: solo cuatro minutos por entrevista.

FRANCIA
- Tasa de paro: 10%
- Número de parados: 2.900.000
- Prestación de desempleo: tienen derecho a las ayudas los trabajadores que hayan cotizado al menos 4 meses durante los últimos 28 (36, en el caso de los mayores de 50 años). La prestación cubre un periodo equivalente al número de meses cotizados hasta un máximo de 24 o 36 meses, según si el beneficiario es menor o mayor de 50 años. El subsidio equivale al 57% del salario bruto y no puede ser inferior a los 27 euros diarios brutos. Para los mayores de 60 años existen condiciones especiales para facilitar la llegada a la edad mínima de jubilación.

ITALIA
- Tasa de paro. 8,3%.
- Número de parados. 2.000.000.
- Prestación de desempleo. Es necesario haber cotizado durante al menos un año en los últimos dos. El beneficiario podrá recibir la prestación durante un máximo de ocho meses, si es menor de 50 años, y 12, si supera esa edad. El subsidio equivale al 60% del salario medio bruto durante los primeros seis meses; baja al 50% en los dos siguientes; y al 40% en los últimos. El sistema prevé varios regímenes especiales. El principal de ellos trata de favorecer el mantenimiento del empleo, con prestaciones para empleados suspendidos del trabajo, pero que la empresa mantiene en plantilla.

ESPAÑA
- Tasa de paro. 19,8%.
- Número de parados. 4.600.000.
- Prestación de desempleo. El trabajador debe haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años. La duración de la prestación depende del periodo de cotización, y cubre desde un mínimo de seis meses a un máximo de 24. El desempleado cobra durante los primeros seis meses un 70% del sueldo medio de los últimos 180 días de ocupación; y un 60% durante el periodo restante. La prestación mínima es de 497 euros, que se elevan a 664 si el beneficiario tiene hijos menores. Agotada la prestación contributiva, se puede acceder a un subsidio mínimo de 426 euros.

ALEMANIA
- Tasa de paro: 6,7%
- Número de parados: 2.800.000
- Prestación de desempleo: tienen derecho a percibirla quienes hayan cotizado durante al menos 12 meses en los dos últimos años. La prestación mensual equivale al 60% de la media del sueldo neto de los últimos seis meses, y se eleva al 67% si el desempleado tiene hijos. La duración del subsidio está relacionada con la cotización pero no puede durar más de un año (18 meses para los mayores de 55 años) en una primera fase. Agotada esta prestación, los desempleados obtienen una ayuda mínima de 360 euros y otros beneficios (alquiler, etc.) por tiempo indefinido.

quarta-feira, 10 de novembro de 2010

déja vu

Déja  vu
Novo acidente em mina no Chile termina com dois mortos
Serviço de mineração chilena disse que a mina era ilegal e que departamento não sabia da existência do local explorado

09 de novembro de 2010 | 5h 42
SANTIAGO - Oficiais chilenos disseram que aconteceu um acidente em uma mina, matando dois trabalhadores, localizada mais ao norte da região em que 22 mineiros foram resgatados no último mês após terem passado 69 dias soterrados.
A polícia disse que as duas vítimas da mina de Los Reyes tinham 24 e 40 anos, e na segunda-feira era o primeiro dia de trabalho. Havia um terceiro trabalhador, que sofreu um ferimento no olho.
Inormações iniciais apontam que o acidente foi provocado devido a uma explosão prematura de uma dinamite.
O Serviço Nacional de Geologia e Mineração disse que a mina era ilegal e não estava registrada. O agente do departamento, Mariano Garrido, disse que 'não sabia que a mina existia'. A supervisão das minas no Chile e no Deserto do Atacama são irregulares.
Fonte: Estadão  09 de novembro de 2010 | 5h 42


domingo, 7 de novembro de 2010

Reforma Judicial no Brasil é foco de evento promovido pelo Banco Mundial, nos EUA

Notícia do Informativo do STJ (7.11.2010).
A partir desta segunda-feira (8), em Washington, Estados Unidos, o Banco Mundial promove a edição 2010 da Semana de Direito, Justiça e Desenvolvimento. Este ano, o evento terá como tema “As Instituições Financeiras Internacionais no Mundo Pós-Crise – Desafios Legais e Oportunidades”, e um dos painéis tratará da reforma judicial no Brasil. O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Ari Pargendler, será um dos painelistas e apresentará as contribuições do STJ para a modernização do Judiciário brasileiro. 
Para o Banco Mundial, o Brasil empreendeu uma “agressiva e bem-sucedida” reforma judicial a partir de 2005. Entre as medidas reconhecidas como inovadoras pela instituição estão a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o gerenciamento administrativo das cortes e a digitalização dos processos judiciais. Segundo relatório do banco, tais iniciativas “contribuíram substancialmente para a melhoria da cidadania, do ambiente para investimentos e para a redução da pobreza”. 
O Banco Mundial também reconhece como exitosas as iniciativas de cooperação judicial com outras nações em desenvolvimento, sobretudo da África e da América Latina – movimento este conhecido, no meio diplomático, como “Cooperação Sul-Sul”. Por todos esses motivos, a instituição internacional decidiu dedicar um painel exclusivo para debater a experiência brasileira de reforma judicial, na edição deste ano da Semana de Direito, Justiça e Desenvolvimento. O evento acontecerá na próxima quarta-feira (10) na sede do Banco Mundial, em Washington. 
O ministro Pargendler vai apresentar as contribuições do Tribunal da Cidadania para consolidar a reforma judicial no Brasil. A conferência do presidente do STJ deverá ter dois focos principais: a modernização tecnológica e a Cooperação Sul-Sul. 
Era virtual 
O ministro presidente falará sobre como a questão da modernização tecnológica foi central para o aprimoramento da gestão do STJ, ajudando na melhoria de funções prioritárias da Corte, como a atividade judicante, a gestão orçamentária, a gestão de pessoas, a responsabilidade socioambiental, as relações institucionais e o relacionamento com o cidadão. 
A tecnologia foi introduzida de forma decisiva no dia a dia do STJ a partir da digitalização de quatro mil recursos extraordinários, em 2009. Era o início do projeto Processo Eletrônico: STJ na Era Virtual. O ministro Pargendler destaca que esta quebra de paradigmas só foi possível a partir de mudanças na legislação e de adequações jurídicas que trouxeram legitimidade ao ato processual pelos meios digitais, 
O ministro presidente vai destacar a importância da entrada em vigor da Lei nº 11.419/2006, marco que viabilizou o alinhamento entre as possibilidades tecnológicas e as exigências legais. Foi essa medida que desencadeou a digitalização, tanto nos órgãos de primeira e segunda instância quanto nas cortes superiores. O ministro Pargendler também vai contar, em detalhes, como se deu o processo de digitalização no STJ, que desde o início de 2010 erradicou o uso do papel no trâmite processual. 
Será ressaltada a formação de uma força-tarefa que mobilizou a instituição em prol da eliminação do papel – chegaram a ser digitalizados até 1,2 mil processos por dia. Também como a medida combateu de forma determinante um antigo estigma do Judiciário: a morosidade. “Com a tecnologia, em poucos minutos os processos são recebidos, registrados, autuados, classificados e distribuídos com segurança, economia e transparência. Nos tempos de processo de papel, esse procedimento poderia levar mais de cinco meses para ser concluído”, conta o ministro Pargendler. 
Cooperação Sul-Sul
Outro foco da apresentação do ministro Pargendler será a atuação do STJ no apoio ao fortalecimento institucional dos Judiciários de países em desenvolvimento por meio da Cooperação Sul-Sul. “Esse tipo de cooperação é uma alternativa à histórica passividade dos países em desenvolvimento no recebimento de iniciativas de cooperação de países do Atlântico Norte, que geralmente eram iniciativas de mão única, do Norte para o Sul”, ressalta o assessor de Relações Internacionais do STJ, Hussein Ali Kalout, que auxiliará o ministro presidente na apresentação em Washington. 
Esse tipo de cooperação é uma conquista dos países que conseguiram aliar patamares intermediários de desenvolvimento institucional com natural pujança econômica e política – além do Brasil, China, Índia e África do Sul estão entre os grandes promotores do movimento “Sul-Sul”. “Trata-se do reconhecimento de que os países em desenvolvimento têm, apesar de suas deficiências circunstanciais, igual possibilidade de intercambiar metodologias bem-sucedidas e de cooperar de maneira horizontal para levar à resolução de desafios comuns”, explica o assessor do STJ. 
Desde 2008, o Brasil tem participado de cerca de 250 projetos e atividades de cooperação com 58 países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. O STJ tem seguido essa mesma diretriz, transferindo e difundindo suas experiências e boas práticas em gestão judicial. As cooperações são de dois tipos: multilaterais e bilaterais. Nesse primeiro caso, o STJ atua de forma triangular junto com organismos como o Banco Mundial e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), transferindo suas metodologias de gestão para terceiros países. 
Nos casos de cooperações bilaterais, o STJ assina protocolos de entendimento com cortes estrangeiras para a transferência tanto de tecnologia como de práticas de gestão judicial. Entre os parceiros do Tribunal da Cidadania estão cortes de países como Cabo Verde, Espanha, Líbano, Moçambique, Paraguai, Portugal e República Dominicana. “Nós não somos apenas fornecedores nessas cooperações. Trata-se de uma via de mão-dupla, o que acarreta em igual benefício para o Judiciário brasileiro em forma de conhecimento, relacionamento, prestígio diplomático e melhoria qualitativa da nossa atividade judicante”, destaca Kalout. 

quarta-feira, 20 de outubro de 2010

Reino Unido planeja corte de gastos com perda de 490 mil empregos

O plano é que o aperto fiscal gere uma economia de 113 bilhões de libras (US$ 209,9 bilhões) nos próximos cinco anos, sendo que pouco mais de 83 bilhões de libras virão dos cortes no Orçamento.

                                                         20 de outubro de 2010 | 12h 55 - Álvaro Campos, da Agência Estado.

LONDRES - O ministro das Finanças do Reino Unido, George Osborne, detalhou uma série de cortes nos gastos e nas medidas de assistência social por meio das quais o governo pretende reduzir o déficit orçamentário do país, que atualmente é de 155 bilhões de libras. O plano é que o aperto fiscal gere uma economia de 113 bilhões de libras (US$ 209,9 bilhões) nos próximos cinco anos, sendo que pouco mais de 83 bilhões de libras virão dos cortes no Orçamento. Osborne reconheceu que as medidas devem gerar uma redução de quase 490 mil empregos no setor público até 2015.
Em um relatório sobre a revisão dos gastos do governo, que pode ter um forte impacto na recuperação econômica e deve determinar o cenário político do Reino Unido pelos próximos anos, o ministro das Finanças disse que o governo manteve o plano de eliminar o déficit orçamentário estrutural e de reduzir a dívida do país para um porcentual menor do PIB até 2014/15. Hoje Osborne afirmou que mais 7 bilhões de libras serão economizadas com cortes na assistência social, além das 11 bilhões de libras anunciadas em junho.
Em uma medida surpreendente, Osborne também anunciou que o governo vai elevar a idade para aposentadoria pelo sistema estatal para 66 anos, a partir de 2018. Segundo ele, isso deve gerar uma economia adicional de 5 bilhões de libras por ano a partir de 2020.
Além dos cortes já previstos nos benefícios por filho para aqueles que ganham mais, também serão reduzidos créditos fiscais e de aposentadoria e outros abatimentos. Osborne disse ainda que os funcionários públicos terão de fazer contribuições maiores para suas aposentadorias, com o que o governo deve arrecadar mais 1,8 bilhão de libras por ano a partir de 2015.
"É um caminho árduo, mas leva a um futuro melhor", comentou o ministro sobre os cortes. "Nós vamos dar um fim aos anos de endividamento crescente. Nós vamos garantir, como qualquer outro lar solvente do país, que podemos pagar por aquilo que compramos", acrescentou. Desde que assumiu o poder, em maio, o governo tem insistido que fortes e imediatos cortes nos gastos ajudariam a evitar que o Reino Unido vivesse uma crise de dívida e a restaurar a confiança necessária para garantir uma recuperação econômica sólida.
Segundo o ministro, por causa das economias e pagamentos menores de juros da dívida, o corte médio no Orçamento para os departamentos do governo central afetados pelas medidas vai cair para 19%, com o ajuste da inflação, comparado com os 25% sugeridos pelo governo em junho.
Osborne também disse que o governo vai elevar os planos de investimentos em 2 bilhões de libras por ano, comparado com os planos delineados em junho. Mas ele ressaltou que ainda existirão cortes nessa área. Ele confirmou o corte de 8% nos gastos com defesa, além de fortes cortes nos repasses do governo central para os governos locais, de 7,1% por ano, em termos ajustados pela inflação.
Entretanto, o porta-voz da Tesouraria do oposicionista Partido Trabalhista, Alan Johnson, disse que "sem crescimento, a tarefa de reduzir o déficit se torna impossível".
Às 12h40 (de Brasília), a libra subia para US$ 1,5808, de US$ 1,5715 antes da divulgação das medidas. Já no mercado de bônus do governo, o spread dos yields (taxa de retorno) dos Gilts de 10 anos sobre os Bunds da Alemanha caiu para o menor nível do ano, a 54,4 pontos-base. As informações são da Dow Jones.