sexta-feira, 19 de novembro de 2010

EL SISTEMA DE PENSIONES Y SU REFORMA EN ESPAÑA

Las cuentas del Estado para 2011 - EL PAÍS - Madrid - 07/10/2010
Las claves del sistema de pensiones
El Gobierno se ha propuesto reformar el sistema y negocia con los grupos y agentes sociales sobre cómo llevar a cabo las modificaciones
 El Gobierno se ha fijado entre sus retos inmediatos la reforma de las pensiones, la tercera de envergadura en la época democrática de España. El envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema. La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales. Pero no hay consenso sobre la forma en que hay que llevarla a cabo. ¿Cuáles son las posturas de unos y otros? ¿Dónde están los mayores puntos de fricción? ¿Cómo se puede asegurar su viabilidad? Aquí tienes las principales claves de todo ello.

Cómo se calcula la pensión:
Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado.
- Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos. Por tanto, a modo de ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado religiosamente a la Seguridad Social durante 35 o más años.
- Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y ha cobrado la hipotética cifra de 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendrá derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo). Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.

Cuáles son los riesgos que pesan sobre el sistema de pensiones:
En base a las proyecciones del Banco de España, el descenso en la natalidad y el incremento de esperanza de vida provocará que la población mayor de 65 años frente a la que está en edad de trabajar se dispare en los próximos años y décadas hasta llegar al 60% de aquí a 2060. Según Bruselas, si ahora hay cuatro cotizantes por cada jubilado con pensión contributiva, dentro de 50 años esta proporción se reducirá a la mitad. Por este motivo, aunque el mayor número de beneficiarios y el paulatino aumento de la cantidad de las prestaciones no se notará durante los próximos 15 años en el gasto en pensiones en relación al PIB, que actualmente está en el 7,6%, a partir de entonces se acelerará hasta alcanzar el 14% si no se toman medidas. Hay que recordar que a esta partida habría que añadir el coste de las prestaciones no contributivas y los gastos sanitarios o de dependencia asociados a un aumento de la población mayor. En total, una cifra inasumible para cualquier Estado.
Sostenibilidad fiscal: La reforma de las pensiones llega en medio de los esfuerzos del Gobierno para devolver el déficit a los límites de Bruselas. Aunque el repunte de los números rojos del Estado se ha producido por la crisis -medidas de estímulo, gastos por paro y caída de los ingresos- y no tiene mucho que ver con los jubilados, la inviabilidad del sistema de pensiones, aunque sea a largo plazo, amenaza su sostenibilidad. Este riesgo supone un cebo perfecto para que España y su deuda sufran el acoso de los inversores. La explicación es que si se sabe que las pensiones costarán en un futuro al Estado más de lo que ingresa en cotizaciones -lo que le obligará a agotar el fondo de reserva, desviar fondos de otras partidas y vaciará paulatinamente sus arcas-, nadie se aventurará a comprar su deuda. Esta inapetencia frente a los bonos españoles supone echar el cierre a la vía de financiación tradicional del país, lo que a su vez le abocará a la quiebra. De ahí la urgencia y relevancia que le ha dado el Gobierno a la reforma de las pensiones dentro de su campaña por recuperar la confianza de los inversores.

La propuesta del Ejecutivo:
El Gobierno apuesta por garantizar la solvencia del sistema a través del aumento de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, aunque la edad real de jubilación apenas supera los 63 por la cultura de la jubilación anticipada, y el periodo de cómputo. Sobre este último aspecto, aunque en una primera propuesta que envió el Ejecutivo a Bruselas hablaba de incrementarlo hasta los 25 años desde los 15 actuales, ha preferido no fijar ninguna cifra concreta para dar margen a la negociación. De hecho, parece que hay consenso entre los partidos en elevarlo al entorno de los 20 años. Otros países ya han tomado medidas similares sobre el cómputo: Francia ha pasado de tomar 10 años a incluir 25 años mientras que Austria lo ha ampliado desde 15 hasta 40 y un número importante de países (Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia) lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral.
En cuanto a elevar la edad de jubilación, la postura del Gobierno es clara. Sin embargo, el resto de partidos se guarda de momento sus cartas. Parece que la opción preferida pasa porque el incremento sea voluntario.
Aunque los expertos no se ponen de acuerdo sobre el impacto que tendría esta medida en el gasto de las pensiones sobre el PIB, el consenso recogido por el Banco de España apunta a un recorte de entre 6 y 8 puntos porcentuales de aquí a 2050 o 2060 en función si se deja entre los 25 o los 35 años. Gracias a ello, la partida de gasto se quedaría ligeramente por encima de los niveles actuales y el problema se resolvería en una gran parte. En caso de que el periodo de cómputo se ampliase a toda la vida laboral, no obstante, hay quien alerta de que reduciría la cuantía de las nuevas pensiones entre un 10% o un 30% y supondría un menor impacto a la baja en el gasto total en relación al PIB, de entre un 3% y un 5% dentro de 50 años.

La reacción de los sindicatos:
CC OO se opone a retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, no vería mal ampliar el periodo de cómputo siempre que se pudiera elegir los mejores años de cotización, lo que redundaría en beneficio del pensionista. UGT, por su parte, se opone a las dos cosas. En cualquier caso, los sindicatos defienden que no solo hay que actuar por la vía del gasto a través de recortes, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando se habla de retrasar la edad de jubilación y ampliar el periodo de cómputo. En su opinión, hay que actuar por la vía de los ingresos: aumentar las bases de cotización (lo que equivale a mejores sueldos), integrar en el régimen general a los del seguro agrario y empleadas de hogar, que el Estado asuma algunas partidas como el complemento a mínimos, y, por supuesto, mejorar el mercado laboral para que más trabajadores contribuyan.

Consulta las claves del sistema de pensiones y su reforma.
La reforma de las pensiones divide a los grupos políticos. El Gobierno espera ansioso las conclusiones del Pacto de Toledo, iniciativa parlamentaria que promueve los acuerdos de pensiones, para reformarlas, pero el Congreso se lo va a poner difícil. A menos de tres meses para que venza el plazo que el Ejecutivo se ha dado para aprobar su propuesta, la única idea que casi todos aplauden consiste en ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Se trata de una medida que acerca más la cuantía de la pensión a lo realmente aportado, lo que supone rebajar la prestación a la mayor parte de beneficiarios del sistema.


Trabajo cree que la falta de consenso "deterioraría la economía"
El PP asegura que nunca apoyará el paso a 67 años en la edad de jubilación
La idea la verbalizó la diputada socialista Isabel López i Chamosa antes de la reunión que mantuvo con el resto de grupos parlamentarios para empezar a articular una propuesta sobre pensiones. "Ese es uno de los consensos más generales que hay porque se haría muy poco a poco y no se perjudicaría excesivamente a nadie", aseguró. López i Chamosa aludía concretamente al planteamiento del Gobierno de elevar ese periodo, ahora fijado en los 15 últimos años cotizados, hasta 20.
Ninguno de los grupos concreta su apoyo a esta medida, aunque implícitamente la mayoría considera apropiado ir adecuando cada vez más la pensión a lo cotizado, como recomienda el Pacto de Toledo. "Además, contar solo 15 años genera muchos problemas a la gente expulsada del mercado laboral al final de su vida activa", reflexionó Carles Campuzano, de CiU, que abogó por "dar una respuesta" a ese problema. El único diputado que se desmarca claramente de ese planteamiento es Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida.
Sin querer dar cifras, la Seguridad Social sostiene que ampliar el cálculo de la pensión a los últimos 20 años cotizados beneficia a los expulsados prematuramente del mercado y no afecta a quienes ya cotizan por el máximo o por el mínimo, pero sí reduce la pensión del resto de trabajadores. El grupo socialista cifra en el 3,6% la rebaja media de la pensión que se produciría si se aplicara esta medida.
A partir de ahí, las discrepancias se acentúan. La congelación de las pensiones decidida por el Gobierno para 2011 ha soliviantado los ánimos del Pacto de Toledo y el acuerdo parece más lejano que nunca. El representante del Partido Popular en ese órgano, Tomás Burgos, pidió ayer la marcha atrás de esa decisión como "condición sine qua non" para pactar cualquier reforma de pensiones. El Ejecutivo ha dado a entender que acometerá su proyecto con o sin respaldo parlamentario, pero también busca neutralizar el mal sabor de boca que ha dejado una reforma laboral impuesta, especialmente a los sindicatos, que tampoco ven con buenos ojos los postulados sobre pensiones.
Así que el Ministerio de Trabajo cree, pero sobre todo espera, que finalmente salga un acuerdo del Pacto de Toledo, informa Luis Doncel. En caso contrario, se incurriría en una "gravísima irresponsabilidad que deterioraría la economía de forma incomprensible". "Sería como tirar piedras contra nuestro propio tejado", advirtió ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. El número dos de Trabajo defendió el Pacto de Toledo como lo mejor que le ha pasado al sistema público de pensiones de España en los últimos 15 años.
Granado defendió la reforma cuanto antes, y que sea lo menos agresiva posible: "Cuanto antes empecemos, más suave será. Debemos intentar repartirla en el mayor número de años, sabiendo que el horizonte de los problemas está en 2030".
El principal escollo reside en la ampliación de la edad legal de jubilación hasta 67 años que pretende el Gobierno. "Nunca vamos a apoyar una medida que tiene como objetivo que los pensionistas pierdan entre un 15% y un 20% en su prestación", sentenció el diputado del PP. Más abierto se mostró Carles Campuzano, de CiU, aunque lo más probable es que el grupo socialista no consiga una mayoría suficiente para sacar adelante este punto en el Pacto de Toledo.
Los portavoces parlamentarios volverán a negociar hoy, con pocas probabilidades de lograr un documento cerrado para principios de noviembre, como preveía el Gobierno.

Los puntos en discusión
- Cuantía de la pensión. Los últimos 15 años de vida laboral determinan la cuantía de la pensión. Lo cotizado en los años anteriores no importa para calcular los ingresos del jubilado. El Ejecutivo quiere ampliar este periodo a 20 años (en un documento enviado a Bruselas habló de 25, aunque finalmente lo retiró). De salir adelante la propuesta, será la tercera vez en 25 años que se amplíe este periodo. En 1985 se elevó de dos años a ocho. Y en 1997 se aumentó hasta 15 de forma gradual, en un proceso gradual que duró hasta 2003.

- Fórmula de cálculo. Para calcular la prestación, se toman los últimos 15 años en dos partes. Por un lado, las bases de cotización de los últimos 24 meses (la máxima es de 3.198 euros al mes) se consideran íntegras. El resto se actualizan con el IPC de ese periodo. La suma de las bases de los 15 años (180 meses) se divide entre 210 (el resultado de sumarle a esos 180 meses otros dos cada año por las pagas extra). Ese cociente integra la base reguladora de la pensión.
- Años cotizados. La paga final varía según los años cotizados. Así, un trabajador con 35 años acreditados percibe el 100% de esa base reguladora. El porcentaje va bajando hasta un 50% si se han cotizado 15 años, el mínimo exigible para acceder al sistema. El Ejecutivo no descarta aumentar el número de años necesarios para acceder al 100% de la pensión. Lo que no parece estar en discusión es el número mínimo de años para cobrar la prestación contributiva.
- Edad de retiro. El punto más polémico sobre la mesa del Pacto de Toledo es el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años.
El ministro de Trabajo no ha descartado negociar este punto a cambio de aumentar el número de años para acceder al 100% de la pensión.

quinta-feira, 18 de novembro de 2010

NOVA NR-12 SERÁ PUBLICADA

Data: 16/11/2010 / Fonte: Revista Proteção 
A publicação da nova NR 12 - Proteção em Máquinas e Equipamentos foi aprovada pela CTPP (Comissão Tripartite Paritá ria Permanente). Também será criada a CNTT NR 12 (Comissão Nacional Tripartite Temática), que aguarda a indicação de cinco membros por bancada. "O ponto forte da norma é trazer informações básicas de conceitos já consagrados em segurança de máquinas, estendendo esta visão desde o projeto até o sucateamento", avalia a auditora da SRTE/RS Aida Becker, que coordenou o trabalho do GTT da NR 12.
O objetivo, segundo a auditora, é ter em médio prazo uma nova geração de máquinas intrinsecamente seguras, com informações completas para transporte, utilização, manutenção e descarte. Ao mesmo tempo, a norma traz medidas para adequação das máquinas já instaladas, além de apontar a necessidade de informação e capacitação dos trabalhadores.
O processo de construção da nova NR 12 reuniu materiais oriundos de Convenção Coletiva e Notas Técnicas. Também houve inovações como o anexo sobre máquinas para calçado. 
Desdobramentos
Outra novidade para a área é a elaboração de uma cartilha sobre Segurança no Trabalho com Máquinas para Calçados. São apresentados mais de 40 tipos de má quinas e os requisitos mínimos de segurança. O trabalho é fruto de uma cooperação técnica  entre a SRTE/RS e a Abrameq (Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os Setores do Couro, Calçados e Afins). 
A SRTE/RS também tem um convênio com a Abimaq/RS (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), que vai gerar um manual sobre o a nexo IV da NR 12 - Prensas e similares. "Este trabalho, que iniciou com o foco no estudo de soluções de segurança para dobradeiras, estendeu seu escopo para as demais máquinas do anexo IV. Ambos os instrumentos terão abrangência nacional servindo de guia de boas práticas para to dos que atuam em SST", explica Aida.
Já em São Paulo foi assinada no final de setembro a nova Convenção Coletiva de Proteção ao Trabalho com Prensas e Similares e Injetoras de Plástico da Indústria Metalúrgica, que tem dois anos de duração. Devido à nova NR 12, ficou pactuado que após um ano de convenção, ela será revisada e alinhada à norma. 
A CPN-IM (Comissão de Negociação Permanente da Indústria Metalúrgica) do estado pau lista já passa a vislumbrar novos desafios em relação às condições de trabalho, com o avanço da proteção de máquinas. Pretende-se discutir questões como a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a reabilitação do acidentado e outros assuntos que interferem na qualidade de vida e do trabalho.
"Para nós que integramos a CPN-IM e que há mais de uma década discutimos a Convenção de Prensas, o equilíbrio das relações capital e trabalho e a participação ativa da SRTE/SP resultaram em ações positivas. Um dos objetivos iniciais da Comissão era o de ampliar nacionalmente as discussões sobre a adequação das prensas, por meio de uma legislação específica ou um anexo da NR 12, e este objetivo maior está sendo cumprido", avalia o técnico de segurança do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Adonai Ribeiro.

sexta-feira, 12 de novembro de 2010

REINO UNIDO ENDURECE EL SISTEMA DE AYUDAS PARA LOS DESEMPLEADOS

Deu no El País - WALTER OPPENHEIMER - Londres - 12/11/2010
 El parado que rechace tres ofertas de empleo dejará de percibir el subsidio - La persona que encuentre un trabajo seguirá cobrando una parte del paro.
 La coalición de conservadores y liberales-demócratas que encabeza el primer ministro David Cameron ha abrazado la vieja técnica del palo y la zanahoria para lanzar una reforma social que tiene vocación de pasar a la historia y quiere poner a trabajar a los británicos que llevan años viviendo de las ayudas del Estado. El palo es la amenaza de privar del seguro de desempleo a aquellos parados que rechacen tres ofertas de trabajo. La zanahoria es que se conservará una parte del subsidio al reincorporarse al mercado de trabajo para garantizar que se gana más dinero trabajando que cobrando el desempleo. Como dijo ayer el primer ministro, David Cameron, desde Seúl donde asiste al G-20, "el mensaje es claro: si puedes trabajar, vivir de las prestaciones no será ya una opción".

LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS DE LA UE

Cinco millones de británicos viven de las prestaciones sociales 1,4 millones de personas han estado en paro en nueve de los últimos 10 años
Ideada por Iain Duncan-Smith, un oscuro político que lideró de forma efímera el Partido Conservador entre 2001 y 2003, pero ha vuelto a nacer políticamente de la mano de su inquietud social, la reforma aspira a sintetizar en un solo "crédito universal" la actual treintena de distintos tipos de ayudas sociales.
El objetivo de la reforma no es tanto ahorrar dinero -aunque esa sí es una de sus señas de identidad a largo plazo, de entrada aumentará el gasto social en 2.000 millones de libras (2.350 millones de euros)-, sino acabar con la extendida tendencia de muchos británicos a vivir sin trabajar. El peligro de ese planteamiento, que tiene de hecho un apoyo enorme entre los contribuyentes, es que acaben pagando justos por pecadores y se prive de ayudas sociales a quienes genuinamente las necesitan.
En síntesis, la reforma contempla la introducción a partir de 2013 de una única ayuda universal que agrupará, entre otros, los actuales subsidios de desempleo, las ayudas a la vivienda o los subsidios a las familias con hijos. Aunque se trata de una ayuda universal, el montante dependerá del nivel de ingresos del beneficiario y otras circunstancias familiares. El objetivo es que tenga una estructura simple y que al mismo tiempo sirva para proporcionar ingresos básicos a la gente que no trabaja, conseguir que sea más rentable trabajar que vivir de los subsidios y ayudar a la población a salir de la pobreza.
La izquierda ha reaccionado con cierta cautela ante la propuesta. Quizás porque ha calado profundamente entre los contribuyentes británicos la impresión de que hay demasiada gente que vive sin trabajar. Quizás, también, porque la propuesta no parece un misil lanzado contra los más humildes por un conservador ultraliberal, sino que es el fruto de muchos años de reflexión personal de Iain Duncan Smith. Conocido políticamente en Reino Unido por sus iniciales IDS, es un político profundamente católico que cuando fue descabalgado del liderazgo conservador en octubre de 2003 concentró su vida política en reflexionar sobre cómo acabar con el problema de la pobreza.
Su reflexión llegó a una conclusión: hay que incentivar el regreso de los parados a la vida laboral. En un país de mucho empleo, pero bajos salarios en las escalas inferiores de la vida laboral, la solución ideada por Duncan Smith ha sido la de mantener una parte de esos subsidios durante un tiempo: el subsidio se irá recortando de manera paulatina un 65%.
Al mismo tiempo, IDS cree que la unificación de una treintena de subsidios en uno solo permitirá a largo plazo ahorrar 5.200 millones de libras (6.150 millones de euros) que ahora se pierden por fraude o por errores administrativos. Pero para que el sistema funcione, Duncan Smith cree que tiene que haber elementos de coerción: los parados que rechacen una oferta de trabajo o una petición para que realicen trabajo comunitario no remunerado verán suspendido el subsidio por tres meses, si lo rechazan por segunda vez la suspensión será por seis meses y a la tercera vez la sanción será por tres años.
La obligación de tener que aceptar trabajo comunitario no remunerado es uno de los aspectos más controvertidos del plan, porque mucha gente cree que puede darse el caso de gente que ha sido despedida de un Ayuntamiento por falta de presupuesto y puede acabar viéndose obligada a ejercer el mismo trabajo gratis si quiere mantener el seguro de paro.
Según el Departamento de Trabajo y Pensiones, en Reino Unido hay cinco millones de personas que viven de los subsidios. De ellos, 1,4 millones no han trabajado en nueve de los últimos 10 años. Hay 1,9 millones de niños que viven en familias en las que nadie trabaja. Hay 900.000 personas que llevan al menos 10 años cobrando las ayudas por larga enfermedad, con un coste para los contribuyentes de 160.000 millones de euros desde 2000.
Algunos críticos han señalado que la economía británica no es capaz de ofrecer empleo a todos los parados que hay en la actualidad y que están en condiciones de trabajar. Duncan Smith respondió a eso con el argumento de que ahora mismo hay 450.000 ofertas de empleo sin cubrir, "a pesar de que acabamos de salir de la crisis" y el dato de que el 70% de los empleos creados en los últimos años se han tenido que cubrir con mano de obra extranjera. La tasa de paro en el Reino Unido es del 7,7%.
Otros críticos advierten de que no es la primera vez que se intenta poner en marcha una reforma semejante. Según un articulo de Alex Barker en Financial Times, la primera ley para suprimir el subsidio a los parados que no aceptan una oferta de trabajo se remonta a 1913; muchas de las sanciones ya existen: Duncan Smith lo que hace es endurecerlas; el principal problema es que no se aplican; la misma retórica fue utilizada por los laboristas en 1999; y la clave está en el poco tiempo que se dedica a los parados en las oficinas de desempleo: solo cuatro minutos por entrevista.

FRANCIA
- Tasa de paro: 10%
- Número de parados: 2.900.000
- Prestación de desempleo: tienen derecho a las ayudas los trabajadores que hayan cotizado al menos 4 meses durante los últimos 28 (36, en el caso de los mayores de 50 años). La prestación cubre un periodo equivalente al número de meses cotizados hasta un máximo de 24 o 36 meses, según si el beneficiario es menor o mayor de 50 años. El subsidio equivale al 57% del salario bruto y no puede ser inferior a los 27 euros diarios brutos. Para los mayores de 60 años existen condiciones especiales para facilitar la llegada a la edad mínima de jubilación.

ITALIA
- Tasa de paro. 8,3%.
- Número de parados. 2.000.000.
- Prestación de desempleo. Es necesario haber cotizado durante al menos un año en los últimos dos. El beneficiario podrá recibir la prestación durante un máximo de ocho meses, si es menor de 50 años, y 12, si supera esa edad. El subsidio equivale al 60% del salario medio bruto durante los primeros seis meses; baja al 50% en los dos siguientes; y al 40% en los últimos. El sistema prevé varios regímenes especiales. El principal de ellos trata de favorecer el mantenimiento del empleo, con prestaciones para empleados suspendidos del trabajo, pero que la empresa mantiene en plantilla.

ESPAÑA
- Tasa de paro. 19,8%.
- Número de parados. 4.600.000.
- Prestación de desempleo. El trabajador debe haber cotizado al menos 360 días en los últimos seis años. La duración de la prestación depende del periodo de cotización, y cubre desde un mínimo de seis meses a un máximo de 24. El desempleado cobra durante los primeros seis meses un 70% del sueldo medio de los últimos 180 días de ocupación; y un 60% durante el periodo restante. La prestación mínima es de 497 euros, que se elevan a 664 si el beneficiario tiene hijos menores. Agotada la prestación contributiva, se puede acceder a un subsidio mínimo de 426 euros.

ALEMANIA
- Tasa de paro: 6,7%
- Número de parados: 2.800.000
- Prestación de desempleo: tienen derecho a percibirla quienes hayan cotizado durante al menos 12 meses en los dos últimos años. La prestación mensual equivale al 60% de la media del sueldo neto de los últimos seis meses, y se eleva al 67% si el desempleado tiene hijos. La duración del subsidio está relacionada con la cotización pero no puede durar más de un año (18 meses para los mayores de 55 años) en una primera fase. Agotada esta prestación, los desempleados obtienen una ayuda mínima de 360 euros y otros beneficios (alquiler, etc.) por tiempo indefinido.

quarta-feira, 10 de novembro de 2010

déja vu

Déja  vu
Novo acidente em mina no Chile termina com dois mortos
Serviço de mineração chilena disse que a mina era ilegal e que departamento não sabia da existência do local explorado

09 de novembro de 2010 | 5h 42
SANTIAGO - Oficiais chilenos disseram que aconteceu um acidente em uma mina, matando dois trabalhadores, localizada mais ao norte da região em que 22 mineiros foram resgatados no último mês após terem passado 69 dias soterrados.
A polícia disse que as duas vítimas da mina de Los Reyes tinham 24 e 40 anos, e na segunda-feira era o primeiro dia de trabalho. Havia um terceiro trabalhador, que sofreu um ferimento no olho.
Inormações iniciais apontam que o acidente foi provocado devido a uma explosão prematura de uma dinamite.
O Serviço Nacional de Geologia e Mineração disse que a mina era ilegal e não estava registrada. O agente do departamento, Mariano Garrido, disse que 'não sabia que a mina existia'. A supervisão das minas no Chile e no Deserto do Atacama são irregulares.
Fonte: Estadão  09 de novembro de 2010 | 5h 42


domingo, 7 de novembro de 2010

Reforma Judicial no Brasil é foco de evento promovido pelo Banco Mundial, nos EUA

Notícia do Informativo do STJ (7.11.2010).
A partir desta segunda-feira (8), em Washington, Estados Unidos, o Banco Mundial promove a edição 2010 da Semana de Direito, Justiça e Desenvolvimento. Este ano, o evento terá como tema “As Instituições Financeiras Internacionais no Mundo Pós-Crise – Desafios Legais e Oportunidades”, e um dos painéis tratará da reforma judicial no Brasil. O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Ari Pargendler, será um dos painelistas e apresentará as contribuições do STJ para a modernização do Judiciário brasileiro. 
Para o Banco Mundial, o Brasil empreendeu uma “agressiva e bem-sucedida” reforma judicial a partir de 2005. Entre as medidas reconhecidas como inovadoras pela instituição estão a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o gerenciamento administrativo das cortes e a digitalização dos processos judiciais. Segundo relatório do banco, tais iniciativas “contribuíram substancialmente para a melhoria da cidadania, do ambiente para investimentos e para a redução da pobreza”. 
O Banco Mundial também reconhece como exitosas as iniciativas de cooperação judicial com outras nações em desenvolvimento, sobretudo da África e da América Latina – movimento este conhecido, no meio diplomático, como “Cooperação Sul-Sul”. Por todos esses motivos, a instituição internacional decidiu dedicar um painel exclusivo para debater a experiência brasileira de reforma judicial, na edição deste ano da Semana de Direito, Justiça e Desenvolvimento. O evento acontecerá na próxima quarta-feira (10) na sede do Banco Mundial, em Washington. 
O ministro Pargendler vai apresentar as contribuições do Tribunal da Cidadania para consolidar a reforma judicial no Brasil. A conferência do presidente do STJ deverá ter dois focos principais: a modernização tecnológica e a Cooperação Sul-Sul. 
Era virtual 
O ministro presidente falará sobre como a questão da modernização tecnológica foi central para o aprimoramento da gestão do STJ, ajudando na melhoria de funções prioritárias da Corte, como a atividade judicante, a gestão orçamentária, a gestão de pessoas, a responsabilidade socioambiental, as relações institucionais e o relacionamento com o cidadão. 
A tecnologia foi introduzida de forma decisiva no dia a dia do STJ a partir da digitalização de quatro mil recursos extraordinários, em 2009. Era o início do projeto Processo Eletrônico: STJ na Era Virtual. O ministro Pargendler destaca que esta quebra de paradigmas só foi possível a partir de mudanças na legislação e de adequações jurídicas que trouxeram legitimidade ao ato processual pelos meios digitais, 
O ministro presidente vai destacar a importância da entrada em vigor da Lei nº 11.419/2006, marco que viabilizou o alinhamento entre as possibilidades tecnológicas e as exigências legais. Foi essa medida que desencadeou a digitalização, tanto nos órgãos de primeira e segunda instância quanto nas cortes superiores. O ministro Pargendler também vai contar, em detalhes, como se deu o processo de digitalização no STJ, que desde o início de 2010 erradicou o uso do papel no trâmite processual. 
Será ressaltada a formação de uma força-tarefa que mobilizou a instituição em prol da eliminação do papel – chegaram a ser digitalizados até 1,2 mil processos por dia. Também como a medida combateu de forma determinante um antigo estigma do Judiciário: a morosidade. “Com a tecnologia, em poucos minutos os processos são recebidos, registrados, autuados, classificados e distribuídos com segurança, economia e transparência. Nos tempos de processo de papel, esse procedimento poderia levar mais de cinco meses para ser concluído”, conta o ministro Pargendler. 
Cooperação Sul-Sul
Outro foco da apresentação do ministro Pargendler será a atuação do STJ no apoio ao fortalecimento institucional dos Judiciários de países em desenvolvimento por meio da Cooperação Sul-Sul. “Esse tipo de cooperação é uma alternativa à histórica passividade dos países em desenvolvimento no recebimento de iniciativas de cooperação de países do Atlântico Norte, que geralmente eram iniciativas de mão única, do Norte para o Sul”, ressalta o assessor de Relações Internacionais do STJ, Hussein Ali Kalout, que auxiliará o ministro presidente na apresentação em Washington. 
Esse tipo de cooperação é uma conquista dos países que conseguiram aliar patamares intermediários de desenvolvimento institucional com natural pujança econômica e política – além do Brasil, China, Índia e África do Sul estão entre os grandes promotores do movimento “Sul-Sul”. “Trata-se do reconhecimento de que os países em desenvolvimento têm, apesar de suas deficiências circunstanciais, igual possibilidade de intercambiar metodologias bem-sucedidas e de cooperar de maneira horizontal para levar à resolução de desafios comuns”, explica o assessor do STJ. 
Desde 2008, o Brasil tem participado de cerca de 250 projetos e atividades de cooperação com 58 países em desenvolvimento da América Latina, África e Ásia. O STJ tem seguido essa mesma diretriz, transferindo e difundindo suas experiências e boas práticas em gestão judicial. As cooperações são de dois tipos: multilaterais e bilaterais. Nesse primeiro caso, o STJ atua de forma triangular junto com organismos como o Banco Mundial e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC), transferindo suas metodologias de gestão para terceiros países. 
Nos casos de cooperações bilaterais, o STJ assina protocolos de entendimento com cortes estrangeiras para a transferência tanto de tecnologia como de práticas de gestão judicial. Entre os parceiros do Tribunal da Cidadania estão cortes de países como Cabo Verde, Espanha, Líbano, Moçambique, Paraguai, Portugal e República Dominicana. “Nós não somos apenas fornecedores nessas cooperações. Trata-se de uma via de mão-dupla, o que acarreta em igual benefício para o Judiciário brasileiro em forma de conhecimento, relacionamento, prestígio diplomático e melhoria qualitativa da nossa atividade judicante”, destaca Kalout.